Derechos, necesidades y mercado: entre la pobreza y la soberanía alimentaria

 Por Rubén Felix Galvano 

Introducción

Hablar de pobreza y soberanía alimentaria en el siglo XXI es hablar del modo en que se organiza la vida. No se trata solo de cuántas personas carecen de recursos, ni de cuánto alimento se produce, sino de quién decide sobre los bienes esenciales y bajo qué lógica se distribuyen.

El hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de la forma en que estos se insertan dentro de un sistema que prioriza la ganancia sobre la necesidad. Como expresó el economista y filósofo Amartya Sen (1981):

 “El hambre no proviene de la falta de alimentos, sino de la falta de acceso a ellos”.

En este sentido, la relación entre pobreza y soberanía alimentaria se vuelve evidente: no hay independencia posible si los pueblos no pueden decidir qué producen, cómo se alimentan y a quién benefician los frutos de su trabajo.

Para poder pensar sobre ésto haremos un breve punteo donde definiremos la pobreza y a la soberanía alimentaria y hablaremos de la contradicción existente entre los derechos y el mercado. 

La pobreza: entre la definición y la realidad

Durante décadas, la pobreza fue medida en términos económicos. Organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial establecieron líneas de pobreza basadas en ingresos, definiendo la pobreza absoluta como la incapacidad de cubrir la canasta básica de alimentos, y la pobreza relativa como la desigualdad frente a otros grupos o países. Sin embargo, como señala Robert McNamara, expresidente del Banco Mundial (1973):

“La pobreza en el mundo no es solo la falta de ingresos. Es la privación de derechos básicos: educación, salud, participación y dignidad”.

Karl Marx, por su parte, explicaba que la pobreza no era un accidente del sistema capitalista, sino una condición necesaria para su funcionamiento:

 “La acumulación de riqueza en un polo es, al mismo tiempo, acumulación de miseria en el polo opuesto.” (El Capital, 1867).

Estas visiones nos invitan a pensar que la pobreza no es solo material: también es política, cultural y ambiental.

Cuando un país pierde la capacidad de decidir sobre sus recursos, se empobrece, aunque sus indicadores económicos crezcan, porque la pobreza adopta múltiples formas: puede ser intelectual, cuando se restringe el acceso al conocimiento; comunicacional, cuando las voces de ciertos sectores quedan silenciadas; moral, cuando la indiferencia y el individualismo reemplazan la solidaridad; y, por supuesto, económica, cuando las necesidades básicas no pueden satisfacerse.

Por eso, medir la pobreza no puede reducirse a un número ni a un ingreso, sino que debe incorporar dimensiones culturales, sociales y éticas que reflejen la calidad real de vida de las personas. En esta época de mercados globales y corporaciones gigantes, la pobreza también se mide en términos de dependencia: cuando las decisiones económicas, políticas o ambientales de un país quedan condicionadas por la presión internacional, esa subordinación se convierte en una nueva forma de empobrecimiento colectivo.

 Soberanía alimentaria: producir, decidir, resistir

El concepto de soberanía alimentaria fue impulsado por el movimiento campesino internacional Vía Campesina en 1996, y se define como: “El derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios.”

Esto implica cuestionar la lógica del mercado global que convierte el alimento —una necesidad básica y un derecho humano— en una mercancía.

Hoy, tres países (China, India y Estados Unidos) consumen el 50% de los alimentos del planeta, mientras que naciones que producen grandes volúmenes de comida, como Argentina o Brasil, siguen enfrentando niveles altos de pobreza y desnutrición.

Además, los cultivos transgénicos y los modelos de agricultura industrial que se promovieron como solución al hambre mundial han generado consecuencias opuestas: concentración de tierras, pérdida de diversidad genética, dependencia tecnológica y desertificación de suelos.

Como señala Vandana Shiva, científica y activista india:

 “El control corporativo de los alimentos es la forma más extrema de colonialismo: decide quién come y quién no.”

Entonces, pensar en soberanía alimentaria en una época dominada por macrocorporaciones globales —que no solo fijan los precios, sino también definen qué productos llegan a nuestras mesas— nos plantea una incógnita inquietante: ¿Realmente decidimos lo que consumimos?

La publicidad, la estandarización de productos y las estrategias de marketing y las ofertas de los supermercados moldean nuestras preferencias.

En este contexto, la soberanía alimentaria deja de ser un debate técnico o productivo para convertirse en una cuestión de conciencia y emancipación cultural:

defenderla es recuperar el derecho a decidir qué consumimos, cómo lo producimos y a quién beneficia nuestra elección.

 Consumir o vivir: el error de mercantilizar la necesidad

En la lógica del mercado, el alimento, el agua, la vivienda y la energía se tratan como bienes de consumo, no como derechos humanos. Esto genera una contradicción profunda: la vida depende de recursos que se venden como mercancías.

Cuando algo esencial se somete al precio, el acceso deja de ser un derecho y pasa a depender del poder adquisitivo.

Así, el acto de comer, que debería ser una necesidad garantizada politicamente por la comunidad y el Estado, pero se convierte en una consecuencia puramente económica. Pensadores contemporáneos como Zygmunt Bauman advertían que:

 “La sociedad de consumidores transforma a los ciudadanos en compradores, y a los derechos en productos que deben adquirirse.”

De esta forma, la pobreza deja de verse como una injusticia estructural y se interpreta como una falla individual: el que no consume, no participa; el que no compra, queda fuera del sistema.

El gran error consiste en naturalizar la idea de que el mercado puede resolver lo que en realidad es una cuestión de derechos. El mercado no tiene moral: no reconoce la dignidad, solo la capacidad de compra.

Por eso, cuando el acceso al alimento o a la vivienda se define por el precio, se rompe el principio más básico de la justicia social.

Por ejemplo, las ofertas del supermercado o los días con descuento asociados a una aplicación de pago muestran cómo el consumo termina condicionado por la lógica del mercado: uno no elige lo que lo alimenta, sino lo que puede pagar.

Así, las decisiones cotidianas —qué comer, cuánto y cuándo— ya no responden a una necesidad biológica o cultural, sino a una estrategia comercial.

Además, cuando los precios de productos esenciales como la carne, el trigo o el café se determinan por estándares internacionales, estos bienes se convierten en commodities, es decir, mercancías globales cuyo valor se fija en los mercados financieros internacionales y no en las necesidades locales.

En esas condiciones, ningún país productor puede competir con las grandes sociedades comerciales prósperas, y los ciudadanos terminan comiendo lo que pueden, y no lo que deberían.

 Pensar la soberanía desde lo local

Recuperar la soberanía alimentaria no significa aislarse del mundo, sino reconstruir el control democrático sobre los recursos esenciales. Implica fortalecer la producción local, valorar los saberes campesinos, promover huertas escolares, ferias comunitarias y circuitos cortos de comercialización. Como dijo el sociólogo Boaventura de Sousa Santos:

“La emancipación no consiste en escapar del sistema, sino en construir alternativas dentro de él que lo desplacen.”

La soberanía alimentaria nos enseña que el acceso al alimento no debe depender del poder de compra, sino de la organización colectiva y la solidaridad. Defender este derecho es también defender la vida, la cultura y el territorio.

La pobreza y la soberanía alimentaria son dos caras de un mismo problema: la subordinación de las necesidades humanas y los derechos fundamentales a la lógica del mercado. Mientras la comida siga tratándose como un negocio, el hambre persistirá, aunque haya abundancia. Superar esa contradicción requiere cambiar la forma en que entendemos el desarrollo, el consumo y la justicia. Porque cuando el alimento deja de ser un derecho, la pobreza deja de ser una excepción y se convierte en una regla.

Talvez no podemos escapar completamente de la lógica del mercado, pero sí podemos buscar alternativas dentro de él. ¿Y qué significa esto? Significa organizar la alimentación desde otros puntos de vista, construir espacios de autonomía en medio de un sistema que mercantiliza la vida.

Podemos hacerlo a través de huertas familiares o comunitarias, fortaleciendo el vínculo con la tierra y recuperando saberes tradicionales; mediante una alimentación más natural y diversa, que revalorice los productos locales; y con dietas que respondan a nuestras necesidades culturales y de salud, no solo a la publicidad o a los precios del día.

También implica exigir políticas públicas que acompañen este cambio: bajas de impuestos, reducción del IVA en alimentos básicos, y programas que promuevan una alimentación saludable, sustentable y accesible para todos.

Porque, como establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, el salario de un trabajador debe ser digno y permitir la satisfacción de las necesidades vitales, entre ellas, la alimentaria.

Disminuir la pobreza requiere mucho más que crecimiento económico: exige redistribuir el poder sobre los recursos.

La soberanía alimentaria es una de las vías más claras para lograrlo, porque no se limita a producir alimentos, sino que restituye el derecho de los pueblos a decidir cómo alimentarse.

Sin embargo, para que funcione, necesitamos alternativas que no respondan únicamente a la lógica del capitalismo, sino que se basen en la solidaridad, la cooperación y la justicia social.

Solo así podremos construir una sociedad en la que comer deje de ser un privilegio y vuelva a ser lo que siempre debió ser: un derecho inalienable de toda persona.