La provincia se vuelve a inundar: cuando la negligencia es un delito

 

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son parte de una vasta llanura fluvial, naturalmente propensa a inundaciones. La escasa pendiente, los suelos saturables y la existencia de humedales, algunos reconocidos como sitios Ramsar (importantes para la biodiversidad) hacen que estas tierras acumulen agua cuando se ven superadas por lluvias intensas. Esto no es novedad. Lo que sí debería serlo es la respuesta del Estado, que bajo ningún gobierno llegó a tiempo. 

El cambio climático ha agravado este escenario. Las tormentas ahora son más intensas, más frecuentes y menos previsibles. Y si bien el país cuenta con tecnología satelital, organismos científicos como el Instituto Nacional de Climatología y reportes que anticipan riesgos hidrometeorológicos, estos insumos muchas veces se usan con prioridad para la producción agropecuaria, no para cuidar la vida de las personas.

Aunque también el brutal ajuste que lleva el gobierno de turno, aumentó el abandono del Estado, sobre ésta situación. 

El crecimiento urbano descontrolado y sin planificación previa; ni de su funcionalidad, mucho menos de su impacto; el entubamiento de ríos y arroyos y el relleno de humedales han reducido aún más la capacidad natural de absorción del suelo.

A pesar de conocer desde hace décadas estas condiciones geográficas, las obras públicas necesarias para mitigar inundaciones han sido postergadas, desfinanciadas o mal ejecutadas por distintos gobiernos, ya que el agua no llega hasta los pisos más altos, de los edificios dónde viven.

Por ejemplo  en los últimos  20 años, la provincia ha sufrido múltiples inundaciones graves: La Plata en 2013 (89 muertos), Luján, La Matanza, San Antonio de Areco, Bahía Blanca y muchas más. Varias de ellas con informes previos que advertían sobre el riesgo. Varias con obras hidráulicas anunciadas, licitadas y nunca terminadas. O peor: terminadas y sin mantenimiento.

En CABA, se han hecho algunas obras (como reservorios y nuevos emisarios), pero en muchos casos se trata de infraestructura que solo traslada el problema de un barrio a otro. Y en el conurbano y el interior bonaerense, hay zonas donde las obras están prometidas hace 10 o 20 años y aún no empezaron, una payasada, sino es cinismo puro.

Si una inundación puede evitarse , o al menos atenuarse, y no se toman las medidas necesarias, entonces lo que ocurre no es una tragedia inevitable, sino el resultado de una cadena de decisiones políticas y administrativas.

Obras hidráulicas pendientes y su impacto

A pesar de la reconocida vulnerabilidad de la región, las  numerosas obras hidráulicas destinadas a mitigar el riesgo de inundaciones que  han quedado inconclusas o ni siquiera iniciadas, son 116 en la provincia y solo 14 han sido finalizadas. Estas obras se concentran en municipios como La Plata, Luján, La Matanza, Quilmes, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Pilar .

La falta de ejecución de estas obras no solo representa una omisión en la gestión pública, sino que tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Las inundaciones recurrentes han causado pérdidas humanas, daños materiales y desplazamientos forzados, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.

La Constitución, la ley y la responsabilidad política

Por lo tanto cuales son los artículos y leyes de la Constitución que  señalan que el no terminar las obras públicas es un delito.

El Artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los ciudadanos tienen derecho a la protección de su salud y seguridad. El Artículo 41, por su parte, garantiza el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo (CN, 1994). Además:

La Ley de Ética Pública 25.188 (1999) obliga a los funcionarios a actuar con eficacia, responsabilidad y en resguardo del interés público.

El Código Penal Argentino, en su artículo 106, castiga al que omita socorrer a una persona en peligro, y en los artículos 84 y 94 contempla homicidio culposo por negligencia.

Si hay informes técnicos, alertas meteorológicas, obras planificadas y financiamiento disponible, pero no se actúa, la omisión ya no es ignorancia ni error: es negligencia, corrupción o abandono de persona;  un genocidio climático.

La negligencia no es solo una falla: es una forma de violencia estructural, más grave aún cuando se advierte con anticipación. No hacer las obras sabiendo que pueden morir personas no es solo abandono, como hemos probado es un delito y con dolo.

Conclusiones 

Si las muertes, las pérdidas y los desplazamientos podrían haberse evitado, la omisión es responsabilidad directa de quienes gobiernan. No es solo negligencia: es abandono de persona, corrupción institucionalizada y, en los casos más graves, homicidio por omisión.

Cuando la desfinanciación es intencional, cuando la falta de obras se convierte en regla, cuando se antepone el cálculo electoral o el negocio inmobiliario a la vida humana, ya no hablamos de fallas: hablamos de maldad. Es desinterés, es egoísmo. Es la decisión política de dejar morir a los que menos tienen. Y eso, en términos éticos y legales, es traición a la patria.

Referencias bibliográficas:

AGN – Auditoría General de la Nación. (2022). Informe sobre obras hídricas inconclusas en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: AGN.

Barros, V., Boninsegna, J., Camilloni, I., Chidiak, M., Magrín, G., & Rusticucci, M. (2015). El cambio climático en Argentina: tendencias, escenarios, impactos y respuestas. Buenos Aires: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Constitución Nacional Argentina. (1994). Reforma constitucional de 1994. Buenos Aires.

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. (2023). Informe sobre riesgo hídrico y vulnerabilidad urbana en distritos bonaerenses.

Ley 25.188 – Ética en el Ejercicio de la Función Pública. (1999).

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). (2022). Alertas meteorológicas y pronósticos por tormentas intensas. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

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